ELN: radiografía de una insurgencia criminalizada y su proyección en América Latina
Por Néstor Vidal, investigador forense en Inteligencia Criminal (*)
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha dejado de ser una guerrilla tradicional para consolidarse como una de las organizaciones criminales binacionales más poderosas y rentables de América Latina. En el escenario actual de 2026, la matriz operativa de esta estructura armada demuestra un progresivo alejamiento de sus bases ideológicas fundacionales, priorizando el control territorial para el sostenimiento de economías ilícitas a gran escala.
La metamorfosis de este grupo, nacido en los años sesenta bajo la influencia de la Revolución Cubana, evidencia cómo el fracaso de los procesos de paz y la adaptación a los mercados negros han transformado a la insurgencia armada en un conglomerado que gestiona rutas de narcotráfico, contrabando y minería ilegal a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Gobernanza criminal y estructura de mando
A diferencia de otras estructuras piramidales, el ELN opera bajo un modelo confederado. Sus Frentes de Guerra mantienen una alta autonomía operativa y financiera, unificando su accionar político y estratégico a través del Comando Central (COCE) y la Dirección Nacional (DINAL). Actualmente, la organización cuenta con aproximadamente 6.400 integrantes, de los cuales el 20% opera en territorio venezolano. Según inteligencia militar colombiana citada por Infobae (enero 2026), Pablito (Gustavo Aníbal Giraldo) comanda específicamente el bloque de 1.276 combatientes activos en territorio venezolano.
La cúpula estratégica del Comando Central se distribuye de la siguiente manera:
Comandante Antonio García (a), Eliécer Erlinto Chamorro. Comandante en jefe de la organización.
Pablo Beltrán o Israel Ramírez Pineda, comandante político y jefe negociador.
Ramiro Vargas o Rafel Sierra. Encargado de Asuntos Internacionales.
Ariel o Jaime Galvis Rivera. Comandante financiero.
Pablito o Gustavo Aníbal Giraldo. Encargado de la estrategia militar
Economías ilícitas y fracaso de acuerdos de paz
El involucramiento progresivo del ELN en actividades rentables como la minería ilegal y el tráfico internacional de drogas ha provocado la criminalización de sus frentes. Este poderío económico es el principal factor que ha hecho fracasar los múltiples intentos de desmovilización.
Aunque en 2022 el Gobierno Colombiano reanudó los diálogos de paz y logró un avance histórico en mayo de 2024, el proceso quedó atrapado en la retórica. La negativa de la dirigencia insurgente a renunciar al secuestro como fuente de financiamiento y las continuas hostilidades contra la población civil erosionaron la viabilidad del acuerdo.
El punto de quiebre definitivo ocurrió en enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva militar en la región del Catatumbo para expulsar a las disidencias de las FARC y tomar el control absoluto de esa zona fronteriza clave. A esto se sumaron fracturas internas, como la separación del grupo "Comuneros del Sur" en mayo de 2024.
La ofensiva del Catatumbo, iniciada el 16 de enero de 2025, no fue solo un "punto de quiebre" diplomático — generó, según la Defensoría del Pueblo, la crisis de desplazamiento forzado más grande registrada en la región desde 1997, con más de 50.000 campesinos desplazados. El presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Conmoción Interior, y en la primera semana se contabilizaron entre 35 y 60 muertos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales y menores de edad, además de nueve firmantes del acuerdo de paz de 2016 asesinados solo en enero de 2025.
Costo real de la ofensiva estratégica
La continuidad de las acciones violentas quedó trágicamente ratificada el 14 de julio de 2026, cuando presuntos integrantes del Frente Manuel Hernández “El Boche” bloquearon la vía Quibdó–Carmen de Atrato en el Chocó, retuvieron varias personas. El reporte inicial del Ejército habló de 39 retenidos, pero el conteo final confirmado por la Séptima División fue de 45 personas (incluyendo 4 menores de edad). El mismo 14 de julio, en el operativo de rescate, tropas de la Brigada 15 lograron liberar a la totalidad de los rehenes, aunque murieron dos soldados profesionales (Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas) y otros cinco resultaron heridos tras ser emboscados con explosivos por el ELN. Rescate exitoso que cobró la vida de dos soldados.
Mapa de disputas terr
Para sostener su hegemonía económica, el ELN libra guerras en múltiples frentes. Combate a muerte con el Clan del Golfo (AGC) en Antioquia y Chocó por las rentas de la minería ilegal, y mantiene cruentos enfrentamientos con facciones disidentes de las FARC, rompiendo en agosto de 2025 su pacto con la Segunda Marquetalia tras asesinar en una emboscada a uno de sus líderes, alias “Zarco Aldinever”. El contexto político que desató este conflicto, se remonta a que: José Manuel Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever", no era solo el número dos de la Segunda Marquetalia — el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, y el Ministerio de Defensa lo señalaron como el presunto autor intelectual del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 11 de agosto de 2025 en Bogotá. Su muerte a manos del ELN (5 de agosto de 2025, frontera Colombia-Venezuela) ocurrió, según fuentes citadas por Infobae, en medio de una disputa por un cargamento de 4,5 toneladas de droga incautado, y coincidió con el congelamiento total de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN según el propio Patiño. Presentar el episodio únicamente como una ruptura de pacto territorial deja fuera su vínculo con uno de los magnicidios políticos más resonantes de Colombia en 2025 y su efecto directo sobre el proceso de paz.
La retaguardia venezolana y el nuevo escenario geopolítico
La supervivencia y expansión reciente de la guerrilla no puede comprenderse sin el rol fundamental de Venezuela. Mientras en Colombia el ELN opera como un grupo rebelde en constante enfrentamiento con las fuerzas del orden, en el territorio venezolano (especialmente en Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar) ha funcionado como un ejército paramilitar.
Durante años, este control fronterizo estratégico le permitió monopolizar cruces clandestinos, acumular recursos y coordinar operaciones con la connivencia de sectores políticos y militares afines al régimen venezolano, garantizando un flujo constante de capital hacia sus frentes colombianos.
Sin embargo, el panorama a futuro plantea una incertidumbre radical para la logística de la organización. Tras el arresto y posterior traslado de Nicolás Maduro a una Corte Federal de Estados Unidos para ser enjuiciado por cargos vinculados al narcotráfico, los estrechos vínculos institucionales que blindaban al ELN en Venezuela enfrentan su mayor grado de vulnerabilidad histórica, marcando un desafío inminente para la seguridad hemisférica y el futuro del crimen organizado transnacional.
En definitiva, aunque un despliegue paramilitar en la Patagonia resulta inviable, el riesgo de expansión del crimen transnacional hacia el sur argentino es una amenaza real que operaría bajo infiltración corporativa. Lejos de los uniformes y las armas, estas estructuras desembarcarían "de traje y corbata", inyectando millones en fideicomisos inmobiliarios del corredor andino para lavar activos, utilizando la vasta extensión patagónica como zona de refugio para altos mandos, y tercerizando nuevas rutas de exportación a través de los puertos atlánticos. Ante esta matriz silenciosa, el verdadero escudo de contención del Estado no reside en el patrullaje territorial, sino en la rigurosidad implacable de la inteligencia financiera y la auditoría forense.
