Rige la Ley de Inocencia Fiscal: nuevos límites para la evasión y beneficios para contribuyentes

El Poder Ejecutivo formalizó hoy la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa que marca un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. El objetivo principal de la medida, impulsada por el Ministerio de Economía, es fomentar la confianza mutua y reducir la carga administrativa sobre los ciudadanos, permitiendo a su vez la circulación de divisas que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.

Uno de los puntos más destacados de la reglamentación es la actualización de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. El umbral para la evasión simple se elevó de 1,5 millones a 100 millones de pesos por tributo y ejercicio. Por su parte, la evasión agravada, que anteriormente se disparaba a partir de los 15 millones de pesos, ahora solo se considerará como tal si supera los 1.000 millones de pesos, ajustándose a la realidad inflacionaria de los últimos años.

La norma introduce la figura del "tapón fiscal" a través del Régimen Simplificado de Ganancias. Este mecanismo establece que, si un contribuyente cumple con sus obligaciones del período actual de manera correcta, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá realizar fiscalizaciones retrospectivas sobre años anteriores. Esta medida busca otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a quienes decidan regularizar su situación impositiva.

Otro beneficio clave es la reducción del plazo de prescripción para los contribuyentes cumplidores, que baja de cinco a tres años. De esta manera, el Estado renuncia a su facultad de investigar períodos antiguos si el ciudadano ha presentado sus declaraciones en término y no se detectan inconsistencias graves. Este incentivo premia la conducta fiscal responsable y agiliza los procesos de cierre de ejercicios.

Respecto a los denominados "dólares del colchón", la reglamentación facilita su uso en transacciones formales siempre que los fondos se canalicen a través del sistema bancario. El Gobierno enfatizó que no se perseguirá el origen de estos ahorros en operaciones de compraventa, buscando que ese capital se vuelque al consumo y a la inversión productiva sin el temor a sanciones impositivas desproporcionadas.

En cuanto a las sanciones administrativas, el nuevo esquema elimina la aplicación automática de multas por faltas leves o demoras menores. Ahora, el organismo recaudador deberá enviar recordatorios previos y otorgar un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para que el contribuyente subsane el error antes de iniciar cualquier sumario. Se busca así evitar la litigiosidad innecesaria por fallas meramente formales.

Para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos. Podrán adherirse personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos totales anuales no superen los 1.000 millones de pesos y posean un patrimonio inferior a los 10.000 millones de pesos, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.

La reglamentación también redefine lo que se considera una "discrepancia significativa". Se entenderá como tal cuando exista una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo fiscalizado, o cuando la diferencia supere los 100 millones de pesos. Solo ante estas situaciones el fisco podrá quebrar la presunción de inocencia y avanzar con investigaciones más profundas sobre el patrimonio del contribuyente.

Desde el sector oficial, se destacó que esta ley busca "devolverle la libertad a los argentinos" para disponer de su dinero. Con la puesta en marcha de esta normativa, la ARCA concentrará sus recursos de fiscalización en los grandes contribuyentes que representan el grueso de la recaudación, dejando de lado el control exhaustivo sobre pequeños ahorristas y pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la ley prevé un mecanismo de actualización anual de todos estos valores a partir del año 2027. Los montos se ajustarán según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permitirá que los umbrales de evasión y las sanciones no queden desactualizados rápidamente frente a la dinámica económica, garantizando la vigencia de la norma en el largo plazo.

Los cinco puntos salientes

• Elevación de los umbrales de evasión: Se actualizaron los montos para considerar un delito como penal. La evasión simple pasó de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la agravada subió a 1.000 millones, ajustándose a la inflación acumulada.
• Implementación del "Tapón Fiscal": Quienes cumplan correctamente con sus obligaciones del período actual quedan protegidos de investigaciones sobre años anteriores. Esto impide que la ARCA realice fiscalizaciones retroactivas a contribuyentes que se pongan al día.
• Presunción de Inocencia y Errores Formales: Se elimina la aplicación automática de multas por faltas leves. El organismo recaudador ahora debe notificar y otorgar un plazo de hasta 15 días para subsanar errores antes de iniciar cualquier proceso sancionatorio.
• Reducción de la Prescripción: Para los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con sus presentaciones, el plazo en el que el Estado puede reclamar deudas se reduce de cinco a tres años, otorgando una liberación de responsabilidad más rápida.
• Facilitación del Uso de Ahorros: Se permite el ingreso al sistema formal de los ahorros no declarados (como los "dólares del colchón") para compras y transacciones, siempre que pasen por el sistema bancario, garantizando que no habrá persecución sobre el origen de esos fondos.