Proponen derribo de aviones y captura de buques que operen en Malvinas sin autorización argentina
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó una propuesta de fuerte impacto político y jurídico que busca endurecer la respuesta argentina frente a las actividades marítimas y aéreas vinculadas al enclave británico en el Atlántico Sur. La Fundación Argentina Azul presentó ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que declara ilegales determinadas operaciones de buques y aeronaves que no reconozcan la soberanía argentina y contempla mecanismos de interceptación, captura e incluso el empleo de la fuerza en casos de resistencia hostil.
La iniciativa fue elevada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por el titular de la entidad, el abogado Carlos Lionel Traboulsi, y contó con la dirección técnica y académica del veterano de la Guerra de Malvinas y comodoro de Marina (RE) Eduardo Ligio Ganeau.
El proyecto, denominado “Ilegalidad y No Inocencia del Tráfico y Actividades de Buques y Artefactos que No Reconocen la Soberanía Argentina en sus Jurisdicciones Constitucionales y Legales”, propone supeditar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Según los fundamentos, la jerarquía constitucional de ese mandato obliga a interpretar las normas internacionales a la luz del reclamo soberano argentino. En ese marco, los autores sostienen que determinadas actividades marítimas y aéreas vinculadas con las islas ocupadas no pueden ser consideradas como un “paso inocente”, tal como lo contempla la CONVEMAR.
La propuesta centra buena parte de su argumentación en los artículos 17 a 19 de la Convención, que regulan el derecho de paso inocente por el mar territorial. Allí se establece que la navegación extranjera sólo resulta admisible cuando no afecta “la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño”. Para los impulsores del proyecto, las operaciones realizadas bajo autorización británica o utilizando símbolos de las autoridades isleñas constituyen una vulneración directa a la soberanía nacional y habilitan acciones de control por parte del Estado argentino.
El caso del Danstar
Entre los antecedentes citados figura la operatoria del buque mercante Danstar, que realiza servicios de abastecimiento entre Punta Arenas y Puerto Argentino para la empresa chilena Easter Island Naviera.
Los autores consideran que ese tráfico incumple diversos principios de la CONVEMAR al sostener logísticamente al enclave británico sin reconocimiento de la jurisdicción argentina. También cuestionan que la embarcación navegue por aguas bajo jurisdicción nacional sin solicitar las autorizaciones previstas en el Decreto 256/2010 y despache cargas y tripulaciones ante autoridades consideradas ilegítimas por el Estado argentino.
Asimismo, el texto menciona otros casos que, según su interpretación, reflejan conductas incompatibles con la soberanía nacional, como la operación del rompehielos británico RRS Sir David Attenborough, el tránsito del patrullero HMS Medway por aguas argentinas y los vuelos identificados con matrículas VP-F.
Captura, desvío forzoso y uso de la fuerza
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto aparece en sus disposiciones operativas.
La iniciativa considera “Paso No Inocente” a cualquier navegación o vuelo que utilice insignias o registros considerados ilegítimos, difunda propaganda colonial o establezca conexiones con las islas sin autorización de las autoridades argentinas competentes.
Además, amplía las facultades de fiscalización estatal en la Zona Contigua de 24 millas marinas y encomienda al Poder Ejecutivo la elaboración de nuevas reglas de empeñamiento para las Fuerzas Armadas y de seguridad.
La escala de intervención prevista contempla tres instancias. En primer lugar, la orden de detención, visita e inspección. En segundo término, la captura del buque o aeronave y su traslado forzoso hacia puertos o aeropuertos del territorio continental argentino. Finalmente, en casos de resistencia armada o comportamiento hostil, habilita el empleo del poder de fuego para hundir embarcaciones o derribar aeronaves que desacaten las instrucciones de interceptación.
El proyecto también faculta al Estado argentino a adoptar represalias diplomáticas, comerciales y jurídicas contra empresas, armadores y terceros Estados que colaboren con la logística de las islas, poniendo especial atención en los puertos extranjeros utilizados como plataforma de abastecimiento.
Debate de estrategia
La presentación llega en un contexto de discusión sobre las herramientas disponibles para sostener el reclamo argentino en el Atlántico Sur.
Mientras el Gobierno nacional impulsa acciones por la vía diplomática y judicial internacional, entre ellas las próximas audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera vinculada al proyecto Sea Lion, el anteproyecto promovido por la Fundación Argentina Azul propone un giro hacia mecanismos de control material y territorial más estrictos.
Para sus impulsores, la defensa de la soberanía exige impedir que buques mercantes, aeronaves y unidades militares extranjeras utilicen aguas y espacios bajo jurisdicción argentina para abastecer o sostener las actividades británicas en las islas. La propuesta abre así un debate sobre los límites jurídicos y políticos de la acción estatal frente a una de las principales controversias de la política exterior argentina.
