Imputaron al joven que protagonizó un ataque a tiros en el este de la ciudad
Agustín Roa fue acusado hoy de portar un arma de fuego de fabricación casera (tumbera), cargada y en condiciones de uso inmediato, en la vía pública de Bariloche, y de efectuar disparos contra otras personas.
Los fiscales Facundo D´Apice y María José Jalil le atribuyeron el hecho ocurrido el 27 de octubre, entre las 7:30 y las 8:20, en inmediaciones de la calle San Lucas. Según relataron, personal de la Comisaría 80 acudió al lugar tras recibir llamados al 911 de vecinos que habían escuchado disparos.
La Fiscalía sostuvo que los efectivos encontraron al imputado con el arma en sus manos. Ante esa situación, lo redujeron, secuestraron el elemento y procedieron a su detención. Además, le atribuyó haber disparado contra integrantes de la otra familia antes de la llegada de la Policía.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de armas.
Como sustento de la acusación, se presentaron las actas del procedimiento y del secuestro, certificados médicos, fotografías e informes preliminares del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones. También se mencionaron registros de cámaras del Centro de Monitoreo que captaron parte del conflicto.
Los fiscales explicaron que se allanaron las viviendas de ambas familias para investigar las versiones iniciales sobre posibles disparos desde los dos grupos. En esos procedimientos no se encontraron otras armas de fuego. Señalaron, además, que se analizarán las circunstancias relatadas por el acusado y las denuncias que pudieran presentar el resto de las personas involucradas.
El defensor público penal Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos, pero sostuvo una versión diferente de lo sucedido. Planteó que el hombre había sido agredido y que actuó para defenderse y proteger a su madre. También informó que se encontraba bajo tratamiento en el Area de Salud Mental y solicitó una internación provisional. El imputado declaró durante la audiencia.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía señaló que los domicilios de las familias están a pocos metros de distancia y que era necesario resguardar a las víctimas y sus testimonios. La defensa cuestionó la existencia de riesgos procesales y propuso medidas menos restrictivas.
El juez de Garantías César Lanfranchi tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación. Al resolver las medidas cautelares, consideró acreditados los requisitos para disponer la prisión preventiva. Sin embargo, ante la información aportada sobre el estado de salud del acusado, ordenó inicialmente su internación provisional con custodia por cinco días, hasta el lunes a las 14.
Durante ese plazo deberán realizarse evaluaciones físicas y de salud mental para determinar su condición actual, su capacidad para comprender los actos procesales y la necesidad de continuar con esa modalidad de atención. La resolución estableció que, si no se dispone su extensión, deberá cumplir prisión preventiva.
