Catedral: se promulgó la ordenanza de blindaje, pero sigue sin definirse la autorización a las inversiones
El intendente Walter Cortés promulgó la ordenanza 3615-CM-26, que ratifica que las tierras públicas del cerro Catedral no pueden venderse, cederse, permutarse ni transferirse.
La promulgación se hizo por la Resolución 00003467-I-2026. El Concejo Municipal la había aprobado el 8 de septiembre por unanimidad de los presentes y el Ejecutivo la recibió el 28. La resolución todavía debe ser firmada por las secretarías de Planeamiento Territorial y Legal y Técnica.
La iniciativa es del concejal renunciante Leandro Costa Brutten. Alcanza a las 1.920 hectáreas de tierras públicas incluidas en la concesión del centro invernal, las declara de interés social, ambiental, paisajístico, turístico, recreativo e hídrico, y ordena inscribirlas a nombre del Municipio en el Registro de la Propiedad. También pide a Catastro de Río Negro que actualice la titularidad.
En términos concretos, el suelo del cerro seguirá siendo municipal. Queda cerrada la posibilidad de que pase a manos de la empresa mediante venta, canje o fideicomiso, el esquema que se discutía en torno al proyecto inmobiliario de Catedral Alta Patagonia (CAPSA). La concesión, prorrogada hasta 2056, no se modifica: CAPSA sigue operando el centro de esquí.
Lo que la ordenanza no decide es qué se puede construir. En el recinto se quitó el artículo que apuntaba al proyecto en análisis para modificar los parámetros urbanísticos del cerro, que ya cumplió el trámite administrativo de Rango I y espera que el Ejecutivo lo envíe al Concejo. También se eliminó la mención a que las tierras no podrían destinarse a desarrollos inmobiliarios que alteren su función pública, ambiental o social.
Ese es el punto que la empresa reclama. La gerente general, Helga Salvatelli, dijo semanas atrás a Económicas Bariloche que hace ocho años esperan esos parámetros y que sin ellos no pueden avanzar con la rediagramación de la base, las redes de servicios, los estacionamientos ni el reemplazo de la Telecabina Amancay.
Según versiones extraoficiales habría un presunto entendimiento entre el oficialismo y CAPSA, que contempla avanzar por etapas y discutir el desarrollo del cerro con el Municipio y otros sectores sociales. Con ese antecedente, el veto se consideraba posible. La ordenanza quedó firme y el debate sobre las inversiones sigue abierto.
