Milei vetó la ley de emergencia pediátrica por su “alto costo fiscal” y el Congreso podría insistir con la aprobación

El Gobierno nacional oficializó este jueves el veto total a la Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. La medida, impulsada con amplio respaldo político y social, había sido aprobada recientemente por ambas cámaras legislativas, pero fue rechazada en su totalidad a través del Decreto 651/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

Según la fundamentación oficial, la norma “no cuenta con financiamiento adecuado, tiene definiciones vagas, genera riesgos de litigiosidad y podría derivar en un aumento desmedido del gasto público”, que el Poder Ejecutivo calculó en más de $15.000 millones.

Entre los puntos centrales del proyecto vetado figuraban:

• Reforzar la atención pediátrica en todo el país.
• Mejorar los salarios del personal de salud.
• Eximir del impuesto a las ganancias a trabajadores en áreas críticas.
• Garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

Desde la Casa Rosada argumentaron que la ley “crea brechas retributivas injustificadas” al enfocarse solo en pediatría y advirtieron que “priorizar sin límites el gasto en salud infantil podría desfinanciar otros programas esenciales”, como el calendario de vacunación o el tratamiento de enfermedades crónicas.

El decreto también cuestiona que el Congreso “avasalló atribuciones del Poder Ejecutivo” al pretender derogar la Resolución Administrativa N° 2109/25 sobre el sistema de residencias médicas, lo que –según el Gobierno– “lesiona la división de poderes”.

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de la recuperación económica”, afirma el texto oficial, que además acusa al Congreso de “populismo fiscal” por sancionar una ley “que no puede sostenerse con recursos reales”. En paralelo, el Ejecutivo recordó que el Hospital Garrahan ya cuenta con un presupuesto garantizado y con mejoras en su gestión, sin necesidad de una declaración formal de emergencia.

Ahora, el Congreso tiene la facultad de insistir con la sanción de la norma. Para ello, deberá reunir una mayoría especial que le permita superar el veto presidencial. En ese caso, el proyecto se convertiría en ley pese a la decisión del Poder Ejecutivo.