Islas Malvinas: Argentina recurre a la justicia internacional contra Reino Unido
El lunes 12 de octubre venció el ultimátum que el Gobierno de Javier Milei le dio al Reino Unido para detener la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. Londres lo rechazó desde el primer día. La Cancillería trabaja en la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pero no confirmó la fecha.
Milei formalizó la intimación el 28 de septiembre. Ese día anunció en X que, si el Reino Unido no frenaba la explotación en dos semanas, la Argentina iría al tribunal con sede en Alemania.
Qué se pide
La Argentina no le pide al tribunal que defina la soberanía de las islas, porque no tiene esa competencia. Solo interpreta y aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la que ambos países son parte.
El reclamo de fondo es un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar, que el Gobierno notificó a Londres el 28 de septiembre. La Argentina eligió el Tribunal del Mar y el Reino Unido prefiere la Corte Internacional de Justicia. Por eso el caso queda en manos de un tribunal arbitral de cinco miembros que todavía debe conformarse.
Mientras tanto, la Cancillería busca que el Tribunal del Mar dicte medidas provisionales para frenar Sea Lion antes de que empiece a producir, algo previsto para 2028. Los jueces deberán evaluar si tienen jurisdicción, si hay urgencia y qué derechos corresponde preservar. El tribunal tiene 21 jueces. El 1 de octubre eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida Armas Pfirter.
El proyecto
Sea Lion es un yacimiento costa afuera ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum, operadora y principal accionista, y la británica Rockhopper Exploration, con licencias otorgadas por el gobierno isleño. Ambas mantienen sus planes.
Cómo se llegó hasta acá
El 3 de septiembre, Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas sobre Malvinas: un proyecto de ley que endurece las sanciones a las empresas que exploten recursos sin autorización argentina, una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional. Días después, ante la Asamblea General de la ONU, definió a Malvinas como "causa nacional".
Las respuestas
Londres convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, acusó a la Argentina de querer socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno, y sostuvo que las actividades petroleras respetan el derecho internacional.
El 1 de octubre, la Cancillería respondió que, si el Reino Unido está convencido de eso, "nada tiene que temer de un tribunal". Recordó que ambos países aceptaron los mecanismos de solución de controversias de la Convemar al ratificarla.
El canciller Pablo Quirno repitió el argumento en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Según La Nación, el embajador británico, David Cairns, se retiró de la gala al terminar el discurso.
Antecedente y críticas
El Gobierno se apoya en un precedente: en 2012, el mismo tribunal ordenó en dos meses liberar la fragata Libertad, retenida en Ghana por un reclamo de fondos buitre.
Diplomáticos consultados por La Nación calificaron la estrategia de arriesgada. Recordaron que los gobiernos anteriores evitaron judicializar la cuestión por temor a que un fallo adverso favorezca a los isleños, y advirtieron que el argumento británico de la autodeterminación suele pesar en los tribunales internacionales.