Revés judicial para Nación: La Corte Suprema falló a favor de la universidad pública

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un freno al Gobierno Nacional para dejar claro que el límite es la educación pública. Es que el máximo tribunal del país dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.

La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Es que si bien la norma fue sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno se negó a cumplirla, y el Consejo Interuniversitario Nacional en conjunto con distintas universidades nacionales decidieron llevar el reclamo a la Justicia. Pidieron una cautelar para que al menos se cumplan los artículos 5 y 6 del texto aprobado por senadores y diputados.

Sin embargo, aún con fallos a favor en primera y segunda instancia, el Poder Ejecutivo siguió sin cumplir.

Ahora, la Corte deja firme la medida de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había ordenado, antes de resolver el fondo de la cuestión, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley.

Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas de los estudiantes.

Quedaron fuera de la cautelar otros aspectos, como la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025. Por eso, la resolución no tiene efectos económicos concretos porque el aumento ya estaba acordado, pero puede leerse como un aval implícito a la ley de financiamiento universitario.

Mientras tanto, el expediente principal —donde se debate la constitucionalidad del decreto— continuará su curso por separado.