Cuestionan la continuidad del trabajo precarizado en la Municipalidad

"No estamos pidiendo un pase automático, sino un procedimiento transparente, objetivo y justo para familias que llevan años precarizadas en el Municipio", remarcó. 

En el marco de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la edil Norma  Aguirre encabezó una firme defensa de la validez institucional de la Ordenanza 3617 y  rechazó enérgicamente el veto total impuesto por la gestión del intendente Walter Cortés. 

La norma rechazada por el Ejecutivo contemplaba la creación de una Comisión Mixta integrada por representantes del Concejo, el Ejecutivo y el gremio SOYEM, destinada a evaluar legajos, antigüedad y funciones del personal contratado que presta servicios  en áreas clave como Desarrollo Humano, Deportes, Cultura y Servicios Públicos,  
muchos de ellos con más de una década de antigüedad. 

Durante su alocución, Aguirre desmintió los fundamentos de la resolución municipal y aclaró que la normativa no disponía un pase automático a planta permanente: "El veto parte de una interpretación equivocada. Esta ordenanza no regala nada ni salta  requisitos 
legales; establece un mecanismo de análisis previo, transparente y técnico  para evaluar quiénes son los trabajadores, qué tareas realizan y garantizar que no  queden sujetos a decisiones arbitrarias ni al temor constante de la no renovación de sus contratos", sostuvo la edil.

Asimismo, la concejal objetó la justificación económica presentada por el Ejecutivo para vetar la ordenanza, señalando la falta de números concretos: "No se puede invocar un impacto presupuestario sin una fundamentación técnica verificable. Estamos hablando de vecinos y vecinas que ya cumplen funciones diarias y perciben sus salarios en 
el municipio.  

Frente a las críticas vertidas sobre la participación del gremio en la norma propuesta, Aguirre fue contundente respecto al rol institucional de la representación sindical: “La presencia del SOYEM en esta comisión mixta no significa que el sindicato designe personal, ni que sustituya las atribuciones del Ejecutivo”, aclaró, señalando que la comisión buscaba aportar objetividad y control transparente frente a decisiones unilaterales. 

Asimismo, la edil cuestionó severamente la resolución municipal que anuló de forma completa la herramienta parlamentaria trabajada por el cuerpo: “El veto total es la  decisión más extrema que cosifica a los trabajadores”, aseveró, señalando que impedir de raíz una instancia de análisis deja en la incertidumbre a familias que llevan más de una década prestando servicios en áreas centrales de la comuna. 

Aguirre también incorporó al legajo de la sesión el recurso de revocatoria presentado  por el sindicato SOYEM y enfatizó el impacto humano detrás de la medida: "Detrás de  cada contrato precario hay familias, hijos y abuelos que sufren la incertidumbre. El municipio se 
sostiene gracias al esfuerzo diario de sus trabajadores; darles reglas claras  y certidumbre laboral es un imperativo de justicia social y  transparencia administrativa". 

Al cierre del debate, Aguirre ratificó su compromiso de continuar trabajando en la búsqueda de consensos y herramientas legislativas que resguarden los derechos  laborales de los trabajadores municipales.