Nación no quería custodiar el predio de Villa Mascardi para no provocar a los mapuches

El gobierno nacional no quería custodiar el predio de Villa Mascardi para no provocar a los mapuches

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, intentó esquivar el pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche de custodiar el predio de la cabaña Los Radales para no molestar a los mapuches que desde 2017 ocupan el predio lindero.

Con esa justificación, la cartera que conduce Aníbal Fernández quiso evitar el envío de fuerzas al predio que está ubicado a 35 kilómetros de Bariloche.

De acuerdo a datos que fueron confirmados oficialmente, la cartera nacional envió una nota a la Fiscalía Federal de Bariloche en la que intentó evitar la custodia del lugar. “Sería una provocación” argumentó el ministerio, que en cambio propuso continuar con recorridos preventivos y los puestos de control situados a varios kilómetros del foco de conflicto.

El pedido de la fiscal federal subrogante Cándida Etchepar fue respaldado por la fiscal federal general de la provincia, María Claudia Frezzini, a pesar de lo cual el gobierno demoró un mes para enviar los agentes.

Durante el tiempo de dilación, la custodia de la cabaña Los Radales – incendiada el 1 de agosto pasado presuntamente por mapuches – estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, a pesar de que la fuerza rionegrina no tiene jurisdicción en el lugar, por estar dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La primera reacción de Fernández, ante el planteo de los vecinos de sumar fuerzas federales a la zona, fue de rechazo: “no vamos a militarizar” aseguró. Sin embargo, tras un encuentro con la mandataria rionegrina Arabela Carreras, sostuvo que “estamos esperando el oficio de la justicia federal para poder actuar. Entendemos que en estos días lo podemos tener. Acordamos acciones de seguridad que se ejecutarán en conjunto con la policía de Río Negro”.  

El 1 de agosto el incendio destruyó las cabañas Los Radales, ubicadas en el kilómetro 2006 de la ruta 40, a 35 kilómetros de Bariloche. Los peritos establecieron que el siniestro fue intencional y la principal sospecha recayó sobre los integrantes de agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu, teniendo en cuenta que habían perpetrado otros siniestros similares, luego de los cuales avanzaron sobre los mismos y los usurparon, permaneciendo aún en esos emplazamientos.

 La fiscalía federal de Bariloche, en la misma línea que la gobernadora, solicitó al titular de la cartera nacional de Seguridad que disponga – “con alguna fuerza federal”- la custodia permanente del lote de las cabañas incendiadas.

 A través de distintos oficios, el organismo estatal admitió que se investiga el posible accionar de mapuches sobre el lugar, quienes “pretenderían imponer sus ideas a través del ejercicio de atentados y hechos violentos”.

La fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare elevó el pedido el 11 de agosto pasado, ocasión en la que adjuntó un informe detallado sobre la compleja situación que padece Villa Mascardi por el avance de las autodenominadas comunidades mapuches.  Su solicitud se fundó en la presunta intención de los mapuches de usurpar el predio incendiado, tal como lo hicieron con otros establecimientos públicos y privados de la villa.

La solicitud de Etchepare fue respaldada seis días más tarde por la fiscal federal general, María Claudia Frezzini aunque Fernández también ignoró ese requerimiento.

En el argumento que utilizó el gobierno para dilatar el envío de las fuerzas, sostuvo que la presencia de los uniformados sería perjudicial para la supuesta convivencia con los autodenominados mapuches.