El presidente de Paraguay renunció tras el cierre de un banco y bajo la amenaza de un juicio político

Santiago Peña presentó este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de una profunda crisis política y financiera. El detonante central de su salida fue la intervención y disolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país. La decisión oficial se conoció antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político promovido por sectores de la oposición y de su propia fuerza política.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exmandatario afirmó que su renuncia busca preservar la estabilidad, la paz social y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas paraguayas. Durante su mensaje, pidió disculpas a la ciudadanía y sostuvo que ningún cargo debe estar por encima del bienestar del país, en un intento por descomprimir la creciente tensión en las calles.

El discurso de Peña se enfocó en la dramática situación de las familias y empresas afectadas por el cierre de la entidad financiera. El expresidente reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de las sumas congeladas y proteja los recursos estatales involucrados. Ueno Bank contaba con cerca de tres millones de clientes y administraba entre 800 y 850 millones de dólares pertenecientes al Estado.

El golpe político definitivo para la gestión saliente ocurrió cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció que el Partido Colorado apoyaría el juicio político. Cartes, quien había sido el principal impulsor de la candidatura de Peña en las elecciones de 2023, retiró el respaldo de la bancada oficialista argumentando la necesidad de defender los fondos públicos y privados.

Previo a la renuncia, un grupo de 35 legisladores de distintas bancadas había presentado en la Cámara de Diputados el libelo acusatorio contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La solicitud se basaba en el artículo 225 de la Constitución y cuestionaba los vínculos previos del mandatario con el grupo económico controlador de la entidad intervenida. Desde la interna oficialista advirtieron que mantener a Peña en el cargo ponía en riesgo la continuidad de la agrupación en el gobierno.

La crisis del sistema financiero se desencadenó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la disolución de Ueno Bank al detectar que su índice de solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido por ley. La noticia generó pánico en la población, provocando extensas filas en las sucursales de la capital y manifestaciones nocturnas de clientes damnificados que exigían respuestas inmediatas.

La dimensión del problema financiero radica en el volumen de usuarios y en los fondos comprometidos, ya que la entidad concentraba a 2,9 millones de clientes sobre una población total de 6,1 millones de habitantes. Además, entre los depósitos estatales afectados figuraban millonarios recursos destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que agravó el impacto institucional y social de la medida.

Para mitigar los efectos del colapso, el Congreso aprobó en tiempo récord una ley de emergencia promulgada por Peña antes de dejar la presidencia. La norma dispone que el Fondo de Garantía de Depósitos ejecute pagos de anticipo a los ahorristas damnificados, estableciendo un tope de hasta 40 salarios mínimos por persona a ser abonados en un plazo de cinco días hábiles.

En el marco de la reestructuración del organismo regulador, se nombró al economista Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP. La designación ocurrió tras la renuncia del anterior presidente de la entidad reguladora, Carlos Carvallo, quien antes de asumir el cargo público en 2023 se había desempeñado como directivo de la firma financiera que dio origen al banco hoy clausurado.

En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades vinculadas a préstamos y sobregiros irregulares otorgados entre 2025 y 2026 a empresas del mismo grupo. Las autoridades solicitaron la prisión preventiva del fundador y principal accionista del banco, Miguel Vásquez, mientras que el resto de los ejecutivos detenidos quedaron bajo investigación por delitos económicos.