Mapuches confrontan a la Justicia y resisten el desalojo de un campo usurpado

La comunidad mapuche que conforman las familias Coronado e Inalef desafía los fallos judiciales que ordenan el desalojo de un campo usurpado en Mallín Ahogado y amenaza con resistir una ejecución forzosa de la medida judicial.

El viernes pasado venció el primer plazo para que los mapuches se retiren de forma voluntaria del campo y este lunes expiró el segundo, motivo por el que la Justicia comenzó a diseñar un plan para ejecutar el desalojo a través del uso de la fuerza.

De todas formas, la Justicia rionegrina busca alternativas para evitar la ejecución de la medida. El fiscal de El Bolsón Francisco Arrien realizó dos constataciones en el territorio, que está en el ingreso a Mallín Ahogado – entre El Bolsón y Bariloche- y dialogó con los ocupantes, a quienes intentó convencer de que la mejor alternativa que se retiren del sitio de forma voluntaria.

El viernes dialogó con los integrantes de la lof Coronado Inalef y este lunes volvió a hacerlo. Luego de ello el Ministerio Público consideró “agotadas” las instancias de diálogo y dio lugar al diseño del protocolo para desalojar la propiedad y restituírsela a sus dueños.

El campo de siete hectáreas fue usurpado en abril de 2023, cuando integrantes de ambos grupos familiares irrumpieron en el lugar tras violentar el cerco perimetral y se instalaron allí. Al día siguiente la abogada Patricia Zavalía y allegados fueron hasta el terreno para constatar lo que ya le habían anticipado telefónicamente y fueron agredidos por los mapuches quienes la tomaron de los pelos y le cruzaron una soga al cuello, en una clara actitud violenta e intimidante.

Ese ataque también forma parte del expediente que tramita la Justicia rionegrina. El juez de garantías Juan Pablo Laurence ordenó el desalojo de las siete hectáreas y la restitución de la propiedad a quienes acreditaron su titularidad, y el fallo fue confirmado luego por el magistrado de la instancia superior, Juan Martín Arroyo.

Durante el proceso, los querellantes exhibieron la documentación que acredita la titularidad de las tierras desde 1975, la cual fue avalada por los registros catastrales de El Bolsón.

Los mapuches aducen una preexistencia en el territorio desde hace 100 años aunque los dichos no fueron documentados. “No hay pruebas” aseguran los denunciantes.

 Los imputados en la causa son Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, integrantes de la lof Coronado Inalef.

Distintas agrupaciones sociales repudiaron la orden judicial y aseguran que permanecerán en el campo en litigio para confrontar con la fuerza de seguridad que ejecute la medida. “Vamos a resistir, como lo hicimos siempre” sostienen.