El diputado rionegrino Mango denunció en el Congreso la retención de $60.000 millones para bomberos voluntarios
El diputado nacional por Río Negro Marcelo Mango (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para reclamar al Gobierno nacional la transferencia inmediata de los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios correspondientes al ejercicio 2025, retenidos pese a tener un destino específico fijado por ley.
La iniciativa fue acompañada por los legisladores Adriana Serquis, Hugo Yasky, Jorge Araujo Hernández, Carlos Castagneto, Raúl Hadad, Claudia Palladino y Cristian Andino, y apunta a que el Poder Ejecutivo informe y regularice la situación de un fondo que supera los $59.330 millones.
El reclamo se basó en una respuesta oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública. Según esa documentación, la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad confirmó que los remanentes de 2025 ascienden a $59.330.748.051,41.
De ese total, más de $40.000 millones fueron incluidos en una partida presupuestaria considerada "no ejecutable", lo que impidió que el dinero llegara a las asociaciones de bomberos voluntarios. Sobre el resto de los fondos, la información oficial no precisó su situación presupuestaria.
Los recursos están contemplados por la Ley 25.054, con afectación específica para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Financian la compra y el mantenimiento de autobombas, equipamiento, elementos de protección personal, combustible, sistemas de comunicación, capacitación y el funcionamiento cotidiano de los cuarteles.
En los fundamentos del proyecto, Mango sostuvo que no se trata de partidas de libre disponibilidad para el Estado nacional, sino de recursos con asignación legal determinada. Cuestionó que permanezcan inmovilizados mientras los cuerpos de bomberos enfrentan crecientes costos operativos para responder a las emergencias.
El diputado vinculó la demora con la política de reducción del gasto público del Gobierno nacional y remarcó que el Congreso debe ejercer su función de control para garantizar que los fondos creados por ley lleguen a sus destinatarios.
El planteo cobra particular relevancia en la Patagonia, donde las grandes distancias, la baja densidad poblacional y la recurrencia de incendios forestales y contingencias climáticas convierten a los cuarteles voluntarios en la primera respuesta ante incendios, accidentes viales, rescates y fenómenos meteorológicos extremos.
Con el proyecto ya ingresado en la Cámara de Diputados, los cuarteles de todo el país —y en particular los de la Patagonia— siguen a la espera de recursos que consideran indispensables para su funcionamiento cotidiano.
