Mapuches rechazan las 10 hectáreas que les ofrece Nación por ser una “superficie escasa”

El Gobierno Nacional ofreció a la violenta comunidad mapuche de Villa Mascardi un predio fiscal ubicado en inmediaciones del lago Guillelmo para que se instale y desarrolle sus actividades aunque el grupo rechazó el ofrecimiento por tratarse de un espacio muy limitado.

Se trata del mismo predio que tiempo atrás la Administración de Parques Nacionales le había ofrecido a la misma comunidad para descomprimir el conflicto de Villa Mascardi, que comenzó en 2017 con la usurpación de dos lotes.

La Veranada de Torrontegui, tal como se denomina al espacio ofrecido, es un sitio plano, ideal para la pastura de los animales y el desarrollo de actividades agrícolas. Sin embargo los referentes mapuches rechazaron el ofrecimiento, que fue detallado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en el marco de la segunda mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuches.

En la misma exposición, el funcionario ofreció construir tres viviendas en el predio que usurpó la comunidad en Villa Mascardi para albergar a la autoridad espiritual de la comunidad, la “machi” Betiana Colhuan, su familia, amigos y colaboradores.

En el mismo sentido comprometió preservar el “rewe”, un altar “sagrado” que utiliza la “machi” para realizar sus sanaciones, el cual aún se erige en los mismos predios de Parques Nacionales que usurparon los integrantes de la Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Para el Gobierno Nacional, el preacuerdo “es un avance importante para solucionar el conflicto de Villa Mascardi” aunque para los pobladores del paraje e incluso para referentes políticos de la provincia, la propuesta es “aberrante”.

Los integrantes de la comunidad a la que Nación pretende beneficiar están detenidos o prófugos y son protagonistas de innumerables acontecimientos violentos cometidos desde 2017 en adelante, con usurpaciones, atentados e incendios, ataques armados y agresiones físicas.

Sin embargo los antecedentes poco importan al Gobierno Nacional que, en cambio, busca dilatar el proceso judicial que los involucra y ofrece múltiples opciones para beneficiarlos.