2025-12-25

Sentencia inminente

Circunvalación de Villa La Angostura: la justicia define el desalojo de la comunidad Paichil Antriao

Luego de 10 años de litigio judicial, que paralizó la obra de la Circunvalación de Villa La Angostura, la causa penal por desalojo entró en su etapa decisiva. El Juzgado Federal de Zapala cerró la producción de pruebas y se prepara para dictar sentencia sobre el reclamo territorial mapuche.

El conflicto judicial por la ruta de circunvalación de Villa La Angostura ingresó en su tramo final. La causa enfrenta a la Dirección Nacional de Vialidad con la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, que reclama derechos territoriales sobre un sector clave para la obra vial, según un informe del portal local Diario Andino.

El Juzgado Federal de Zapala dio por concluida la etapa probatoria y quedó habilitado para dictar sentencia, una resolución que podría destrabar o redefinir el proyecto de infraestructura más importante de la localidad en los últimos años.

Inspección de Gendarmería

El avance decisivo se produjo tras una inspección ocular realizada en la zona de El Álamo, uno de los puntos donde confluyen la traza proyectada de la circunvalación y el asentamiento mapuche.

El procedimiento fue llevado adelante por Gendarmería Nacional, bajo orden judicial, e incluyó relevamientos territoriales, identificación de habitantes, registros audiovisuales, mediciones con GPS y sobrevuelos con drones.

Según el informe, en el lugar se constataron más de 20 viviendas, muchas de carácter precario, ocupadas por familias completas, con niños y adolescentes.

Obra estratégica frenada

La Avenida de Circunvalación fue concebida como una vía de 6,1 kilómetros, con cuatro carriles, destinada a sacar el tránsito pesado del centro urbano y mejorar la seguridad vial en una ciudad con fuerte perfil turístico.

Sin embargo, parte del trazado atraviesa el área que el Lof Paichil Antriao considera territorio ancestral, lo que derivó en la paralización de los trabajos y en una disputa judicial de largo aliento.

Cuando las obras se iniciaron en 2017, el sector de El Álamo estaba ocupado por siete familias mapuches. Frente a esa situación, Vialidad Nacional presentó una demanda de desalojo para liberar el terreno.

La comunidad respondió con una acción de amparo, argumentando que la ocupación se encuentra protegida por la Constitución Nacional y por convenios internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras.

Desde entonces, el expediente avanzó lentamente, mientras el asentamiento fue creciendo con el paso de los años.

Uno de los puntos centrales de la decisión judicial fue no extender la demanda, pese a que durante la inspección se detectaron nuevos habitantes en el área.

El juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani consideró que no se trata de ocupaciones sobre terrenos distintos, sino de personas que viven dentro del mismo espacio territorial reclamado desde el inicio por la comunidad mapuche.

Para el magistrado, el conflicto debe analizarse como una cuestión comunitaria y territorial, y no como una suma de situaciones individuales.

Operativo costoso

El informe oficial de Gendarmería detalló que el operativo tuvo un costo cercano a los 6,9 millones de pesos, cifra que podría influir en la definición de las costas judiciales.

Con todos los elementos reunidos, el Juzgado Federal de Zapala se encuentra ahora en condiciones de emitir un fallo que definirá si:

-Se habilita el desalojo para continuar la obra

-O se reconoce la posesión comunitaria del Lof Paichil Antreao

La sentencia tendrá consecuencias directas sobre el futuro de la ruta de circunvalación de Villa La Angostura, pero también podría sentar un precedente relevante para otros conflictos territoriales entre el Estado y comunidades mapuches en Neuquén y la Patagonia.

Te puede interesar