2025-08-19

Boletín Oficial

El Gobierno oficializa una reestructuración masiva de organismos públicos

A través del Decreto 58771/25, el Ejecutivo dispuso la disolución, transformación y traslado de funciones de múltiples entes nacionales. La medida alcanza a áreas de transporte, agricultura, industria y comercio. También se reorganizan institutos técnicos y se transfieren recursos sin generar mayor gasto público.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de organismos públicos mediante el Decreto 58771/25, publicado este 19 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial. La norma contempla la disolución, transformación y reorganización de distintas entidades descentralizadas y desconcentradas que operaban bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Las funciones de estos organismos serán absorbidas por dependencias del Ministerio de Economía: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca asumirá la aplicación de las leyes vinculadas a agricultura familiar y semillas, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio tomará competencias sobre cáñamo industrial. La fiscalización del cannabis medicinal quedará bajo responsabilidad de la ANMAT y de Economía.

En materia de transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dejan de existir para dar lugar a la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que mantendrán estructuras organizativas propias y continuarán parte de las funciones operativas.

Asimismo, se reorganizan institutos técnicos y de fiscalización del agro y la industria, como el INTA, el INV y el INPI, que actualizan sus estructuras de primer y segundo nivel. En el caso del INPI, se conserva parcialmente el organigrama anterior, con modificaciones detalladas en el anexo del decreto.

El decreto también dispone la transferencia de personal, créditos presupuestarios y bienes entre organismos eliminados y los nuevos responsables. Además, se incorporan cargos al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP y se derogan resoluciones previas, como las Decisiones 821/19, 636/21 y 780/23.

La norma establece que las erogaciones se absorberán con partidas vigentes, sin generar incrementos en el gasto público. A su vez, se faculta a los directores ejecutivos de las nuevas agencias a modificar estructuras internas, siempre que no impliquen aumentos presupuestarios ni creación de unidades adicionales.

La publicación de este decreto marca una de las reformas organizativas más amplias de los últimos años, con impacto directo en áreas estratégicas de la administración pública nacional.

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