2025-12-01

Proyecto

Nuevo Código Penal: qué penas se agravan, nuevos delitos, número y vulnerabilidad de las víctimas

El Gobierno nacional anunció que enviará esta semana al Congreso su proyecto de reforma del Código Penal (vigente desde 1921), que en lo más importante plantea agravamiento de penas, imprescriptibilidad y nuevos delitos, consideraciones frente al tipo y número de víctimas, baja de la edad de imputabilidad y fuerte castigo al narcotráfico y la corrupción, con extinción de dominio en bienes mal habidos. Síntesis de los cambios principales.

Objetivos y alcance 

El proyecto apunta a que una gran proporción de los delitos —alrededor del 82 por ciento— tengan prisión efectiva. Esto se logra al elevar los mínimos de las penas, buscando evitar que los condenados por ilícitos con penas de hasta tres años de prisión queden en libertad o no cumplan la condena, poniendo fin a lo que denominan "doctrina Zaffaroni" o "puerta giratoria".

Uno de los cambios más significativos reside en la imprescriptibilidad de los delitos más graves. Se establece que el abuso sexual y el homicidio agravado no prescribirán, considerando que el castigo para estos crímenes no debe estar condicionado por el paso del tiempo.

Penas más severas

La iniciativa legal contempla un notable agravamiento de las sanciones para varias categorías de crímenes.

Homicidio y lesiones: El homicidio simple incrementa su pena máxima de 25 a 30 años de prisión. Las condenas a prisión perpetua por homicidio agravado pasarán a ser sin límite temporal ("para toda la vida").

Delitos sexuales y trata: Se endurecen las penas para el abuso de menores, la pornografía infantil y la trata de personas. Además de la imprescriptibilidad, se refuerza el castigo a actos vinculados a la compra y venta de niños para explotación o adopción ilegal.

Tragedias viales: La conducción imprudente, temeraria o bajo el efecto de sustancias, así como las carreras ilegales que deriven en siniestros fatales, serán sancionadas con penas superiores y agravantes por cantidad de víctimas o negligencia grave.

Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes, con castigos más duros cuando intervengan funcionarios públicos o se involucre a menores de edad.

Corrupción y crimen organizado

Un capítulo relevante es el aumento de la severidad en las sanciones para delitos de corrupción pública y privada, incluyendo cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. La premisa es que los funcionarios que cometan ilícitos tendrán una mayor responsabilidad y penas más graves.

Además, el Código refuerza la persecución del crimen organizado transnacional, el lavado de activos y el terrorismo, actualizando la normativa para el financiamiento de actividades terroristas y el tráfico ilícito de armas, trata de personas y contrabando. Se perfeccionan los procedimientos de decomiso y extinción de dominio para que los condenados pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita.

Nuevos delitos

La reforma introduce nuevas figuras penales para abordar problemáticas actuales y proteger bienes jurídicos antes no considerados con tanta especificidad.

Cibercrimen: Se incluyen figuras específicas contra el fraude informático, el acceso no autorizado, la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Delitos ambientales: Se asignan penas más altas a los delitos con perjuicios masivos al ambiente, introduciendo la figura de ecocidio y contaminación agravada.

Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo.

Motochorros: Se definen de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos, introduciendo agravantes particulares dado el riesgo extremo que estas acciones representan.

Orden Electoral: Se crea un capítulo para proteger la transparencia electoral, sancionando conductas que distorsionen el sufragio, incluyendo la manipulación algorítmica y el uso de contenidos falsos para influir en el voto.

El proyecto también incluye agravantes frente a sujetos vulnerables, como menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, para proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado. Finalmente, se sostiene en su totalidad la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610).

Puntos principales

El proyecto de reforma se estructura sobre los siguientes cambios esenciales:

Aumento de mínimos de pena: Eleva los mínimos de las penas para la mayoría de los delitos, buscando asegurar la prisión efectiva (aprox. 82% de los casos).

Imprescriptibilidad: Establece la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual y otros ilícitos de lesa humanidad.

Homicidio: Aumenta la pena máxima del homicidio simple a 30 años y establece la prisión perpetua "para toda la vida" en homicidios agravados.

Corrupción: Endurece significativamente las penas para funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción.

Decomiso extendido: Impulsa procedimientos más estrictos para el decomiso y extinción de dominio de bienes ilícitos.

Tragedias viales: Agrava las penas para la conducción imprudente o bajo el efecto de sustancias con resultado fatal.

Cibercrimen: Incorpora figuras penales específicas para el fraude informático, grooming y otros delitos digitales.

Ecocidio: Introduce el delito de ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas por daños irreversibles al ambiente.

Violencia de género: Actualiza y endurece tipos penales ligados a la violencia de género, incluyendo ciberacoso y difusión no consentida de material íntimo.

Nuevos delitos: Tipifica específicamente la figura de "motochorros" y delitos contra el orden electoral relacionados con manipulación digital.

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