El Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad: cuáles son los puntos centrales

El Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, que introduce modificaciones centrales en el financiamiento de prestaciones, pensiones y beneficios vinculados a la población con discapacidad. La iniciativa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca dar estabilidad a un sistema que arrastra deudas históricas con prestadores de salud y un fuerte atraso en los valores de cobertura.

La votación significó un revés político para el Poder Ejecutivo: no ocurría desde hacía 22 años que el Congreso rechazara una decisión presidencial de esta magnitud. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, una vez que ambas cámaras insisten con los dos tercios de los votos, el Ejecutivo está obligado a promulgar la norma.

Quiénes votaron en contra

La ley obtuvo un respaldo casi unánime, salvo por un reducido grupo: cinco de los seis senadores de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto—, el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La oficialista Vilma Bedia no emitió voto pese a encontrarse en el recinto.

Los puntos centrales de la Emergencia en Discapacidad

• Emergencia nacional hasta 2026: la declaración tiene alcance en todo el territorio.
• Actualización automática de prestaciones: se cubrirá la diferencia entre los valores vigentes y la inflación acumulada desde 2023, con ajuste mensual según los índices que difunde el INDEC.
• Pago de deudas con prestadores: se regularizarán obligaciones pendientes y se dispondrá una compensación de emergencia financiada por el Tesoro Nacional.
• Pensiones no contributivas: equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán acceder a un empleo siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
• Refuerzo fiscal: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, en función de la cantidad de nuevas altas que se registren.
• Auditorías transparentes: la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá implementar controles con criterios sanitarios y socioeconómicos, garantizando debido proceso inclusivo, notificaciones fehacientes y acceso claro a la información.
• Incentivos a empleadores: las empresas que contraten a personas con certificado de discapacidad bajo la modalidad de tiempo indeterminado estarán eximidas del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.

Con esta sanción, el Congreso refuerza un marco normativo destinado a garantizar derechos, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de miles de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, busca otorgar previsibilidad al sistema de prestaciones y respaldar a los prestadores de servicios de salud, un sector que venía reclamando soluciones urgentes frente a la crisis financiera.