A 50 años del golpe cívico militar de 1976: la crónica de la tragedia más anunciada

La madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Este movimiento no fue una sorpresa para la opinión pública de la época, ya que el clima de inestabilidad política y económica había preparado el terreno para la interrupción del orden democrático.

Historiadores y documentos de la época coinciden en que el golpe comenzó a planificarse formalmente en octubre de 1975. Tras la firma de los decretos de "aniquilamiento del accionar subversivo" del gobierno de Isabel Martínez (que ya tenían un germen en legislación presidencial en el gobierno de Juan Domingo Perón, antes de su fallecimiento del 1 de julio de 1974), la cúpula militar contaba con autonomía para operar. En los meses previos a marzo, los principales diarios ya sugerían la inminencia del recambio de autoridades por la fuerza, mientras el vacío de poder en el Ejecutivo se profundizaba.

El mismo 24 de marzo, la Junta Militar emitió su primer comunicado a través de la cadena nacional de radio y televisión. En él, se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso Nacional, se removieron los miembros de la Corte Suprema y se prohibió la actividad política y gremial en todo el territorio argentino.

Durante los primeros diez días del nuevo régimen, el control territorial fue total. El 25 de marzo, se implementó la pena de muerte para quienes atacaran a las fuerzas de seguridad, y se inició la intervención de las universidades y los sindicatos. Las calles de las principales ciudades del país fueron patrulladas por tanques y camiones militares de forma permanente.

El 29 de marzo, Jorge Rafael Videla asumió prometiendo un "Proceso de Reorganización Nacional" que buscaba disciplinar a la sociedad a través del terrorismo de Estado.

El sistema represivo implementado no tuvo fisuras y se basó en el secuestro sistemático de personas. Los operativos se realizaban generalmente de noche, por grupos de tareas que operaban sin identificación. Las víctimas eran trasladadas a Centros Clandestinos de Detención (CCD), lugares ocultos en dependencias militares o policiales donde no regía ninguna ley.

La tortura fue el método principal de interrogatorio en estos centros. El objetivo no solo era obtener información, sino quebrar moral y físicamente a los detenidos. Miles de personas pasaron por estos lugares bajo condiciones de hacinamiento, falta de higiene y violencia extrema, convirtiéndose en "desaparecidos" ante la falta de registros legales de su detención.

Fue el destino de decenas de miles de dirigentes políticos, militantes, estudiantes, sindicalistas, periodistas, madres y padres de desaparecidos, empresarios, soldados y militares, y todo aquel que sin más subversión que el pensamiento y la opinión libre quedara en el blanco de los represores. Armaron una siniestra estructura clandestinas de centros de detención ilegal (los juicios documentaron 600 en todo el país) para ejecutar torturas, falsificación de documentos y estafas, apropiación de bebés que nacían en cautiverio o fueron secuestrados con sus madres, también torturadas.

A la par de la represión física, el régimen ejecutó un plan de saqueo económico contra las víctimas. En muchos operativos, las fuerzas de seguridad procedían al robo de propiedades, vehículos y mobiliario de las viviendas de los secuestrados. Existen registros de empresas enteras que fueron transferidas bajo coacción a manos vinculadas con la dictadura.

El control de la información fue estricto desde el primer día. Se estableció una censura férrea sobre los medios de comunicación, prohibiendo la difusión de noticias que pudieran "alterar el orden". Esto permitió que el plan sistemático de desaparición de personas se ejecutara bajo un manto de silencio oficial que duró años.

El golpe fue orquestado con el apoyo y participación de Estados Unidos. A nivel internacional, la dictadura buscó legitimarse rápidamente ante los organismos financieros. Mientras en el país se cerraban fábricas y se intervenía el mercado laboral, el gobierno militar recibía créditos externos bajo la promesa de orden social, lo que derivó en un crecimiento exponencial de la deuda externa argentina.

Los juicios de lesa humanidad han permitido condenar a los responsables, aunque todavía continúa la búsqueda de los restos de los desaparecidos y de los nietos apropiados.

La planificación del golpe desde octubre de 1975 demuestra que no fue una reacción espontánea a la crisis, sino un plan deliberado para transformar la estructura social y económica de la Argentina a través de la violencia institucionalizada.

El impacto de este sistema represivo dejó huellas profundas en la cultura y la memoria colectiva. La figura del desaparecido se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en el mundo, impulsada inicialmente por organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Hoy, la conmemoración de los 50 años sirve para reafirmar el compromiso de la sociedad argentina con el sistema democrático. La reconstrucción de la verdad histórica sobre el robo de bienes, la tortura y la apropiación de menores sigue siendo un pilar fundamental para garantizar que estos hechos no se repitan nunca más.