El Consejo de la Magistratura trata este viernes la denuncia contra Betiana Cendón

El Consejo de la Magistratura tratará este viernes 7 la denuncia que interpusieron hace casi dos meses seis funcionarios judiciales contra la fiscal jefe Betiana Cendón.

La presentación lleva la rúbrica de fiscales, una defensora penal adjunta y un jefe de división. Desde el momento en el que fue radicada la denuncia, Cendón siguió cumpliendo funciones y compartiendo el espacio de trabajo con los denunciantes.

Para los denunciantes, la demora en la suspensión y la inacción de los organismos de control han configurado un cuadro de "violencia institucional" que agrava la situación de los denunciantes, exponiendo una grave falla sistémica en el Poder Judicial de Río Negro.

Lo llamativo del caso es que en este tiempo, Cendón – desde la misma carga jerárquica- tuvo acceso a los legajos y estuvo en contacto con los denunciantes, lo que para los denunciantes genera “un riesgo inminente de entorpecimiento de la investigación".

Para la defensa de la parte acusadora, la ley que rige el proceso disciplinario del Consejo de la Magistratura pone a los denunciantes en una posición de extrema vulnerabilidad.  La Ley del Consejo de la Magistratura “no prevé que los denunciantes sean parte activa del proceso. Esto coloca a los seis funcionarios denunciantes en una absoluta inferioridad de condiciones frente a la Fiscal Jefe, que es un funcionario con un poder institucional jerárquico inmenso”.

Los denunciantes asumen el deber ético y legal de denunciar  pero quedan fuera de la información oficial y a merced de la decisión del Consejo, sin capacidad de impulsar la prueba o apelar. “Este desequilibrio se vuelve intolerable cuando la denuncia está respaldada por daño psicológico verificado y evidencia de amedrentamiento a testigos después de la presentación de la denuncia” sostienen.

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La preocupación de la parte acuasdora:

 Un Proceso que Premia el Silencio La estructura legal del Consejo, sumada a la inacción, envía un mensaje peligroso: el riesgo de Impunidad;  al  no ser parte, los denunciantes no pueden ejercer control sobre la prueba ofrecida, lo que alimenta el riesgo de que la Fiscal Jefe continúe entorpeciendo la investigación desde su cargo.

La inacción del Consejo y el fracaso del Observatorio de Violencia Laboral, calificado como "violencia institucional", evidencian que el Poder Judicial de Río Negro tiene una falla estructural para proteger a quienes denuncian a sus superiores.

El Consejo de la Magistratura no solo debe subsanar su demora, sino también compensar la inferioridad procesal de los denunciantes ordenando la suspensión inmediata, garantizando así la integridad del proceso y rompiendo el ciclo de la violencia institucional.

1. La Inacción del Consejo y la Demora en la Suspensión

La denuncia fue presentada el 9 de septiembre de 2025, solicitando con urgencia la suspensión provisoria e inmediata de la Fiscal Jefe.

• Aplazamiento Unánime: En la sesión del 17 de septiembre, el Consejo de la Magistratura (CM) resolvió aplazar por unanimidad el tratamiento de la solicitud de suspensión provisoria para una próxima reunión. Los consejeros justificaron el aplazamiento por la necesidad de analizar la "envergadura de la temática" y la reciente presentación de nuevos hechos.
• Perpetuación del Riesgo: Esta decisión de postergación mantiene a la Fiscal Jefe en funciones, "perpetuando el 'clima de intimidación' y el riesgo de represalias". La permanencia de la funcionaria fue señalada por los denunciantes como la causa de un daño continuado en la salud del personal.
• El Factor Político: La postergación de la definición sobre la suspensión se dio en un contexto donde, según información que expresaron de manera no oficial  personas vinculadas al Consejo , existía la intención de "congelar" la actividad del Consejo hasta después de las elecciones de octubre, a fin de evitar un costo político al oficialismo. La denunciada ha sido señalada en la prensa como "la cara visible local de la política criminal de Jorge Crespo, Procurador General, y en definitiva, del gobernador Alberto Weretilnek". Esta presunta protección política es utilizada por Cendón para infundir miedo, ya que "se arroga a viva voz tener contactos políticos" y utiliza el temor como herramienta de gestión con frases como "me está preguntando Crespo por esto”

1. Fracaso de los Mecanismos de Protección y "Violencia Institucional"

Los denunciantes alertan que, a pesar de la gravedad de los hechos, los organismos internos diseñados para proteger a las víctimas han fallado de manera estrepitosa:

• El Observatorio se Declaró Incompetente: El Observatorio de Violencia Laboral (OVL) del Poder Judicial, organismo creado para brindar protección y asistencia urgente (Acordada N° 32/2021), se declaró incompetente y remitió la presentación al Consejo de la Magistratura, argumentando tener "similar objeto". Los denunciantes calificaron esta decisión como un "acto de violencia institucional" que anuló el único mecanismo específico de protección, contraviniendo el espíritu de "Tolerancia Cero" del Protocolo.
• Medidas Ministeriales Insuficientes: Si bien el Procurador General, Jorge Crespo, calificó los hechos como "graves" y ordenó una investigación penal a cargo de un fiscal de Viedma, la medida administrativa de separación de equipos (para que los denunciantes pasen a la orbita del otro Fiscal Jefe Dr. Martin Lozada) resultó "insuficiente".

    â—¦ La Resolución FG N° 104/2025 formalizó la división de equipos, pero dejó a testigos clave  bajo la supervisión directa de la propia denunciada.

    â—¦ El Procurador Crespo había sugerido que "no haya contacto" entre las partes, una medida que fue violada con la convocatoria a una reunión en presencia de la Fiscal Jefe, lo que fue denunciado como un acto de revictimización.

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1. El Costo Humano: Testigos Amedrentados y Denunciante con Licencia Psiquiátrica

La falta de suspensión ha generado consecuencias directas en la salud y seguridad del personal:

• Amedrentamiento de Testigos: Los temores a represalias se han materializado. Se denunció que la Fiscal Jefe amedrentó directamente a testigos después de la presentación inicial. Estos hechos demuestran un "patrón de represalias" que busca el "entorpecimiento de la investigación".
• Consecuencias en la Salud: La hostilidad sostenida ha provocado un "daño verificable y grave en la salud" del personal. Prueba de ello es que uno de los denunciantes originales, debió iniciar una licencia psiquiátrica por el estrés y la hostilidad.

1. Petición de los Denunciantes al Consejo de la Magistratura (7/11/2025)

Ante la sesión del Consejo del 7 de noviembre, los denunciantes, que ya han solicitado la intervención de la APDH como observadora, exigen que el CM asuma su responsabilidad y ponga fin a la desprotección:

• La Suspensión como Única Vía Efectiva: Se reitera la solicitud de suspensión provisoria e inmediata de la Fiscal Jefe. Los denunciantes argumentan que esta es la única medida que puede garantizar la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación disciplinaria y penal.
• Gravedad de las Causales: La denuncia implica causales graves como mal desempeño, violencia laboral, acoso psicológico, xenofobia, homofobia, obstrucción a la defensa y la posible comisión de delitos.

1. El Escándalo Escala: Organismos de Derechos Humanos y Colegios de Magistrados Exigen Observar el Proceso

La inacción de los mecanismos de protección internos y la dilación del Consejo de la Magistratura (CM) han provocado la intervención de instituciones clave, tanto gremiales como de derechos humanos, que monitorearán el proceso para garantizar la transparencia y la protección de los denunciantes. Esto subraya que la situación fue calificada como una "gravedad institucional extrema".

Las asociaciones y organismos que han manifestado su preocupación y/o han solicitado participar como veedores/observadores son:

• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche:

    La APDH expresó su profunda preocupación por la ausencia de intervención del Observatorio de Violencia Laboral (OVL) del Poder Judicial.  Calificó los hechos como una "clara violación de derechos humanos". La organización anunció que participará como observadora en las reuniones del Consejo de la Magistratura en las que se aborde el tema, tal como solicitaron los denunciantes.

• Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR)

El Secretario General, Marco Calarco, presentó una denuncia institucional ante el Consejo de la Magistratura (CM) el 21 de septiembre de 2025.  SITRAJUR atribuye a la Fiscal Jefe hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático y exige el apartamiento preventivo e inmediato de Cendón. . El sindicato ratificó su "compromiso con la no violencia" y su rol de "acompañamiento, denuncia y lucha colectiva"

• Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro (CMFRN):

    â—¦ El Colegio emitió un comunicado expresando su "acompañamiento" a los afiliados afectados por esta situación.  Reafirmó su compromiso de "tolerancia cero frente a la violencia y el acoso laboral".

    â—¦ Los denunciantes solicitaron formalmente al CMFRN que se constituya como Veedor Institucional en la sesión del CM del 7 de noviembre quien ya ha anticipado que  participará en dicha sesión mediante la presencia de unos de sus miembros.

• Asociación Civil de la Defensa Pública (ADEPRA):

    â—¦ ADEPRA manifestó su profunda preocupación por el ataque a la independencia funcional de la Defensora Pública Dra. Mónica Goye (una de las denunciantes y asociada a la entidad) y   exhortó a las autoridades a llevar adelante la investigación resguardando el "irrestricto respeto a la independencia funcional de la Defensa Pública".

    â—¦ La defensora penal adjunta  ha solicitado formalmente a ADEPRA que se constituya como observadora en el proceso disciplinario.

• Asociación Argentina de Fiscales (AAF):

    â—¦ La AAF manifestó interés en la situación, convocando a reuniones con los fiscales denunciantes (afiliados a la AAF) para ampliar la información.

    â—¦ Aunque inicialmente resolvió no intervenir en la instancia preliminar, reconoció la facultad de sus asociados de solicitar formalmente su constitución como observadora en el sumario disciplinario una vez que este sea formalizado. Los denunciantes han solicitado a la AAF que arbitre los medios para intervenir ante el Consejo de la Magistratura.

La presencia de observadores externos el 7 de noviembre —incluyendo a un organismo de Derechos Humanos como la APDH— se vuelve indispensable ante la inacción del Observatorio de Violencia Laboral, que eludió su rol protectorio remitiendo las actuaciones al Consejo de la Magistratura, lo que fue calificado por los denunciantes como un acto de "violencia institucional".