El gobierno nacional extiende la emergencia eléctrica hasta 2027

El Poder Ejecutivo prorrogó por decreto la emergencia del sector energético hasta el 31 de diciembre de 2027, equiparando su vigencia con la que ya rige para el transporte y distribución de gas natural.

La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 585/2026, busca evitar "discontinuidades regulatorias" y dar continuidad al proceso de normalización de un mercado eléctrico que, según el diagnóstico oficial, "persiste en estado crítico" pese a los avances parciales.

El gobierno sostiene que la mejora en variables como la cobrabilidad —que pasó del 48% al 97% en CAMMESA— no alcanza para declarar superada la emergencia. El argumento central es que "la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia". Detrás de esa afirmación hay números concretos que expone el propio decreto: durante el pico de demanda de febrero de 2025, el margen de reserva operativa fue de apenas el 4,4%, un nivel que los especialistas consideran insuficiente para garantizar el suministro ante contingencias climáticas o fallos técnicos.

El diagnóstico que justifica la prórroga describe un sistema eléctrico con problemas estructurales profundos. Según el texto oficial, el parque generador presenta "un alto grado de envejecimiento", las principales estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90% y más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad. A eso se suman las ampliaciones de la red de alta tensión realizadas durante 2025, calificadas como "nimias" ante las necesidades estructurales del sistema.

El decreto también vincula la continuidad de la emergencia con la política tarifaria y de subsidios. En mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) abonado por usuarios residenciales subsidiados cubrió apenas el 24% del costo real de abastecimiento, lo que evidencia "la subsistencia de una brecha económica relevante" que el gobierno busca cerrar de forma "gradual, previsible y focalizada". La prórroga permite mantener el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y avanzar en la reducción de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional al sector.

Entre los argumentos para extender la emergencia, el gobierno menciona el período de transición de 24 meses establecido en el Decreto 450/2025 para adecuar el Marco Regulatorio Eléctrico, que vence en julio de 2027 . Durante ese plazo, la Secretaría de Energía debe dictar las normas necesarias para promover la libre contratación de combustibles, asegurar la cobrabilidad de los contratos con distribuidores y revisar los procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En paralelo, el gobierno avanza con un plan de obras de infraestructura que considera indispensable para superar la emergencia. Se adjudicaron proyectos de almacenamiento de energía en baterías por US$700 millones para instalar más de 700 MW en siete regiones, además de las licitaciones de obras de transporte eléctrico por US$6.600 millones, que incluyen la expansión de líneas de alta tensión y el proyecto AMBA I . La lógica oficial es clara: la emergencia se sostiene mientras las obras necesarias para resolver los cuellos de botella estructurales no estén operativas.

Uno de los argumentos centrales de la prórroga es la necesidad de coordinar los plazos de la emergencia eléctrica con la que ya rige para el transporte y distribución de gas natural hasta fines de 2027. La interdependencia entre ambos sectores es directa: el gas natural es el insumo crítico para la generación térmica de electricidad, y la reconfiguración del sistema de transporte de gas —que incluyó la rescisión del contrato sobre el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno— impacta directamente en la disponibilidad y costos de generación. Desde el Ejecutivo señalaron que esta coordinación resulta "imperativa" para "preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional".

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y todos los ministros de su gabinete, y establece que la prórroga no debe interpretarse como una "simple prolongación temporal", sino como una herramienta para sostener el proceso de transición y normalización del sector energético mientras continúan las reformas y adecuaciones previstas en el mercado eléctrico.