2026-04-20

El Gobierno envía al Congreso una nueva Ley de Discapacidad

Mientras las familias denuncian el incumplimiento de la norma actual, el oficialismo lanza un nuevo proyecto que busca eliminar todos los beneficios alcanzados hasta hoy. La pensión seguirá siendo de apenas un 70 % de la jubilación mínima, pero sin extras como el plus por zona desfavorable.

Se abre nuevamente la polémica en torno a las personas con discapacidad. Es que el oficialismo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que no aplica. Eso es lo que denuncian las familias afectadas, incluso cuando la Justicia así lo dictaminó.

La iniciativa ya genera rechazo no sólo en los prestadores de servicios sino en el colectivo que representa a estas personas, y sus familias. Un texto que modifica de manera sustancial la legislación vigente con nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios. 

Y entre tanto, otra vez se apunta al reempadronamiento, una instancia que será obligatoria para todos los titulares de pensiones por invalidez, para acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y hasta los antecedentes laborales. 

Más controles y nuevos criterios de acceso y financiamiento. El tema genera un importante rechazo social y ocurre en medio de la crisis que atraviesa al sistema. Por eso que ya se convocó a una marcha hacia el Ministerio de Salud de la Nación, programada para el día miércoles.

La llamada Ley contra el fraude de Pensiones por Invalidez ingresó por el Senado de la Nación para iniciar su recorrido legislativo. Una decisión que no es casual y responde a la mayoría sólida que allí logró construir La Libertad Avanza.

La pensión seguirá siendo de apenas un 70 % de la jubilación mínima, pero sin extras como el plus por zona desfavorable o por condiciones especiales en torno a la invalidez. 

Una escena de alta repercusión mediática que ocurre en la previa del informe de gestión que deberá presentar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

 

 

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