Ajuste
El presupuesto universitario sufrió un recorte del 45% durante la gestión Milei
Un informe del CEPA advierte sobre el fuerte deterioro del financiamiento educativo desde 2023. Mientras los salarios docentes pierden poder adquisitivo frente a la inflación, el Poder Ejecutivo busca discutir una nueva ley tras haber suspendido por decreto la normativa vigente.
Las universidades nacionales inician el ciclo 2026 en un escenario de fuerte conflicto presupuestario. Según datos oficiales, el recorte en términos reales de las partidas destinadas a la educación superior alcanzó un 45,6% entre noviembre de 2023 y la actualidad. Ante esta situación, gremios docentes como Conadu mantienen medidas de fuerza con paros nacionales de cinco días.
En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para discutir el financiamiento de las altas casas de estudio. La iniciativa surge tras un 2025 marcado por la tensión legislativa, donde el Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y, luego de que el Congreso ratificara la norma con dos tercios de los votos, dictó el DNU 759/2025 para suspender su aplicación en pos del equilibrio fiscal.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos del Ministerio de Economía e Indec, revela que el presupuesto vigente a precios de 2026 es casi la mitad del que existía en 2023. El informe destaca que, si se hubiera aplicado la Ley 27.795, la pérdida real hubiera sido de apenas un 3,7%, recuperando casi todo el terreno perdido en los últimos tres años.
Sin embargo, el panorama hacia adelante no muestra una recuperación significativa. Con la nueva propuesta enviada por el Gobierno, los recursos destinados a las universidades quedarían un 36,5% por debajo de lo que establecía la ley que fue suspendida por decreto. Esto implica que la desinversión se mantendría en niveles críticos durante el presente año.
El impacto más directo del recorte se observa en los haberes del personal. Dado que la masa salarial representa el 86% del presupuesto universitario total (frente a un 14% de gastos de funcionamiento), la caída de las partidas golpeó de lleno el bolsillo de los trabajadores. Desde noviembre de 2023 a enero de 2026, el poder adquisitivo de docentes y no docentes se redujo un 34%.
El proyecto oficialista para 2026 propone un aumento nominal del 12% dividido en tres tramos: marzo, junio y septiembre. No obstante, las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman una inflación acumulada del 20,8% para septiembre. De cumplirse estos pronósticos, el salario real volvería a caer un 2,4% respecto a enero de este año.
Debajo de la línea de pobreza
Bajo este esquema, el salario universitario finalizaría 2026 con una pérdida acumulada del 36,6% en comparación con los niveles de finales de 2023. El informe advierte que la mayoría de los escalafones actuales no logran cubrir la canasta básica. En la práctica, solo un docente titular con dedicación exclusiva logra mantenerse por encima de la línea de la pobreza.
Finalmente, el relevamiento detalla que los cargos de dedicación semiexclusiva o simple perciben remuneraciones que se sitúan incluso por debajo de la línea de la indigencia. Esta situación de precariedad salarial extrema marca el inicio del debate legislativo, en un clima de incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Argentina.