El Gobierno firma una resolución para achicar subsidios en el sistema eléctrico argentino
La Secretaría de Energía de la Nación, mediante la Resolución 400/2025, oficializó la puesta en marcha del nuevo régimen de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que comenzará a aplicarse el 1° de noviembre de 2025. Dicen desde el Gobierno que el objetivo central es avanzar hacia un sistema eléctrico más competitivo, eficiente y sustentable. Sin embargo, hay varios interrogantes respecto del impacto de la medida sobre tarifas, inversión y tiempos de implementación.
Es que se reemplazará el esquema actual, basado en la centralización y en altos niveles de subsidios, por un modelo donde generadores, distribuidores y grandes usuarios puedan contratar libremente la energía a precios de mercado.
El proceso de transición, que se desarrollará en un plazo de dos años, contempla tres categorías de generación: asignada, para contratos vigentes o bajo control estatal; spot, que funcionará en el mercado libre con precios competitivos; y nueva, que incluirá las instalaciones habilitadas desde 2025, con incentivos adicionales para estimular inversiones. Además, se crean dos servicios de reserva de confiabilidad, destinados a garantizar el suministro eléctrico: uno básico, para plantas térmicas existentes, y otro adicional, con mejor remuneración, para nuevas inversiones en generación térmica, hidráulica, nuclear o de almacenamiento energético.
Por supuesto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la nueva medida: “Sacar al Estado del medio es revertir ese proceso y permitir un funcionamiento sin aprietes, sin corrupción y sin ineficiencias. Porque un Estado más pequeño es la mejor política para combatir la corrupción; y que además nos va a dar más electricidad y más barata”.
El nuevo esquema también redefine la estructura de precios y costos, introduce un tipo de cambio de referencia para las transacciones, elimina restricciones para que las distribuidoras contraten energías renovables y establece que las grandes demandas nuevas deberán contar con respaldo físico propio.
No hay dudas que se trata de un cambio de paradigma que busca restituir el principio de marginalismo y eliminar los precios administrados que rigieron desde la crisis de 2001. Es que antes, el Estado -a través de CAMMESA- fijaba precios de referencia muy por debajo del costo real y cubría la diferencia con subsidios que llegan en algunos casos al 60%. Ahora, se impulsa un sinceramiento de los costos reales del sistema.
El gran desafío estará puesto en la transición, para evitar eventuales tarifazos, en el marco de una economía en estado delicado.