Fin del ProCreAr: el Gobierno avanza con el cierre definitivo del histórico programa de vivienda

El Ministerio de Economía de la Nación ha dado un paso decisivo hacia el cierre definitivo del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), uno de los principales fondos fiduciarios del país. Mediante la resolución 764/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, se encomendó a la Secretaría de Obras Públicas la realización de “todos los actos necesarios” para cumplir con su disolución, dispuesta originalmente en noviembre de 2024.

El ProCreAr, creado el 12 de junio de 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para familias argentinas mediante planes de pago, llega a su fin tras doce años de existencia. La medida apunta a la continuidad de la gestión de los créditos ya otorgados, la administración de los bienes muebles e inmuebles del fondo fiduciario, la regularización dominial de los inmuebles y la celebración de un contrato con el Banco Hipotecario para concretar tales tareas.

Irregularidades y el fin de un modelo de vivienda

La disolución del ProCreAr se dispuso el 12 de noviembre del año pasado a través del decreto 1018. Siete meses después, se reglamenta el procedimiento para llevar a cabo el cierre, incluyendo el traspaso de los activos del organismo y los actos necesarios para asegurar la continuidad de los créditos otorgados, así como la transferencia de unidades a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires, en caso de corresponder.

Según el Gobierno del presidente Javier Milei, la decisión de disolver el programa se basó en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que detectó una serie de irregularidades. Entre ellas, se destacaron:

Demoras en la entrega de viviendas, que generaron costos adicionales en mantenimiento y vigilancia.

• Problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.
• Falta de transparencia y eficiencia, contrastando con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

La disolución de ProCreAr se enmarca en la política oficial de reducir organismos y evitar duplicaciones de funciones, conocida popularmente como “motosierra”. Además, marca un viraje en la política de vivienda en Argentina, apuntando a redirigir los recursos hacia “áreas donde el Estado pueda ser más efectivo y donde la administración pública sea más eficiente”, según lo indicado en los fundamentos de la Ley de Bases 27.742.