Repercusiones tras el decreto presidencial que busca avanzar con la privatización de las represas hidroeléctricas

Tras la publicación esta mañana en el Boletín Oficial comenzaron las primeras repercusiones sobre la privatización de las hidroeléctricas que pretende concretar en seis meses el gobierno de Javier Milei. Es que el artículo 6 del decreto 718/204 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las empresas indicadas”.

El artículo 1 del decreto establece que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas (Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila) seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

Martín Doñate fue uno de los primeros en salir al cruce de esta decisión que definió como “otro cachetazo de Milei a Río Negro”.

“El gobierno centralista de Milei abrió el camino para nuevas privatizaciones, estirando las concesiones de las hidroeléctricas y marginando a nuestra provincia de la gestión de las represas. Votar las leyes de la entrega y el sometimiento de este gobierno anti federal tienen este resultado”, afirmó en clara alusión al Gobierno de la Provincia que recientemente, entre otros, acompañó la adhesión al RIGI.

El senador rionegrino recordó que “nuestro derecho originario sobre los recursos, está establecido por la Constitución Nacional y tenemos que ser efectivamente los administradores de los mismos”. Aseguró que “los usuarios siguen siendo los principales perjudicados pagando tarifas cada vez más caras. Las y los rionegrinos seguimos recibiendo migajas de regalías siendo quienes deberíamos ser los justo beneficiarios por ser los productores de energía”.

El reciente decreto establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.

Para finalizar, Doñate se lamentó: “La renegociación de los contratos de las centrales hidroeléctricas eran una enorme oportunidad. Allí había una clave determinante para el futuro de las arcas públicas rionegrinas tan desfinanciadas, pero fundamentalmente para fortalecer el federalismo y la soberanía energética”.