Ordenan la captura de dos mapuches que ocuparon tierras en El Foyel

El juez de Garantías de Bariloche Ricardo Calcagno declaró en rebeldía y pidió la captura de dos de los mapuches que lideran la ocupación de tierras privadas en El Foyel, a 70 kilómetros de Bariloche, debido a que no se presentaron a la audiencia convocada por el fiscal que trabaja en la causa.

El magistrado, además, rechazó el pedido de desalojo que pidieron los dueños del lugar ya que para tomar esa determinación necesita también tomar testimonio a los acusados.

El jueves durante la madrugada unas 30 personas irrumpieron en una estancia privada que está entre Bariloche y El Bolsón, cambiaron los candados de las tranqueras e impidieron salidas y entradas a la propiedad.

En el interior quedó cautiva una familia que reside hace 40 años en el campo, sin posibilidades de moverse. Los mapuches, identificados con la lof Gallardo Calfú, se dividieron en dos grupos para obstruir las únicas dos entradas a la propiedad.

La familia Soriani radicó una denuncia por usurpación en la fiscalía descentralizada de El Bolsón y el fiscal Francisco Arrien convocó a ambas partes a una audiencia, que se celebraría este viernes a las 15 horas de manera virtual.

Tras un primer encuentro fallido, el fiscal dio un nuevo horario y finalmente el encuentro se llevó adelante con la presencia del juez Calcagno, el abogado de la familia denunciante Jorge Paolinelli, el fiscal y el abogado defensor de la comunidad mapuche, Manuel Mansilla.

A la audiencia habían sido convocados dos de los líderes mapuches, los únicos que pudieron ser identificados en el campo, aunque no se presentaron.

Se trata de Blanca Rosa Gallardo Calfú y Juan Carlos Oyarzo, quienes podrían ser imputados por el fiscal por usurpar uno de los lotes del campo privado invocando “el derecho ancestral a ocupar la tierra”.

El defensor de los acusados brindó insólitas excusas para explicar la ausencia de los acusados, quienes ahora son buscados por la Policía rionegrina para trasladarlos a una dependencia policial y garantizar su participación en la audiencia que quedó pendiente.

El abogado señaló que existen en trámite varios expedientes administrativos que analizan la problemática surgida en el predio en cuestión: expedientes en el Codeci, en el Inai y además otro que data desde el año 1969 en la Dirección de Tierras y Colonias, “en los que se investiga si es regular el título que trae la querella”, apuntó.

No desalojo

Teniendo en cuenta esa situación, Calcagno rechazó la medida cautelar de desalojar el predio y argumento que para tomar una medida así la audiencia deberá contar con todas las partes.  “No existe en el Derecho Penal este tipo de resolución para disponer el desalojo sin haber escuchado la versión de las personas sospechadas”, analizó y agregó: “No puedo resolver un desalojo sin haber escuchado a los acusados”, para concluir que “una medida cautelar sin formulación de cargos no tiene validez”.