El caso del papá que fue a buscar a sus hijas a la escuela y se las habían llevado

Un hombre de Dina Huapi fue a buscar a sus hijas a la escuela y se enteró que las niñas no habían asistido: su mamá se las llevó a Buenos Aires, sin autorización.

Una trama de presiones judiciales, controversias por el accionar judicial y un trato polémico del abogado Fernando Burlando, como defensor de la mamá, para que el progenitor abandone el reclamo para ver a las niñas.

MC. tiene 42 años, vive en Dina Huapi y hasta hace pocas semanas compartía con sus hijas E.C. y O.C —de 7 y 9 años— un régimen de coparentalidad que, según él mismo describe, funcionaba sin sobresaltos desde 2022. Hoy no sabe dónde están sus hijas. Y lo que comenzó como una denuncia contra su padre terminó convirtiéndose, dice, en una operación judicial destinada a arrancárselas.

El origen: una denuncia que no prosperó

Todo empezó cuando la madre de las niñas, denunció a M.C. - abuelo paterno de las niñas - por presunto abuso sexual en grado de tentativa contra su nieta E.C.

 La causa tramitó ante el Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche bajo el legajo MPF-BA-02131-2024. En febrero de 2026, el juez de garantías Juan Pablo Laurence rechazó la formulación de cargos. En marzo, la jueza revisora Romina Martini confirmó esa decisión. En abril, el mismo juez dictó el sobreseimiento de M. C, que fue nuevamente confirmado en primera de junio por la instancia revisora. La Fiscalía no impugnó. La resolución quedó firme.

"Todas las especialistas que evaluaron a E.C.—tanto las privadas como las del Poder Judicial— concluyeron en forma coincidente que la niña no presenta signos de haber sido abusada", relató el papá. El propio magistrado tuvo por acreditado que el hecho no ocurrió tal como fue denunciado.

El oficio que nadie pidió y el fiscal denunciado

En ese contexto, algo llamó poderosamente la atención de la familia C.: el 7 de noviembre de 2025, el fiscal Guillermo Lista —a cargo de la causa penal contra el abuelo— envió un oficio a la jueza de familia sugiriendo la ampliación de la medida cautelar de prohibición de acercamiento de 50 a 200 metros.

El problema es que esa petición era procesalmente improcedente: Lista no era parte en el expediente de familia y, además, aún no había formulado cargos contra el imputado —condición indispensable para solicitar ese tipo de medidas en sede penal.

Consultado en audiencia sobre el origen del oficio, el fiscal primero negó haberlo enviado y, al ser confrontado con el documento, sostuvo que lo había remitido a pedido de la propia jueza. La jueza, sin embargo, hizo lugar a la "sugerencia" y extendió la restricción a 200 metros.

Las consecuencias fueron inmediatas. La casa de M.C. y la de sus padres se ubican dentro de un mismo predio de una hectárea en Dina Huapi. Con 50 metros de restricción, las niñas podían ir a visitar a su padre. Con 200 metros, ya no. Martín tuvo que mudarse para poder continuar ejerciendo la coparentalidad. "Me forzaron a irme de mi propia casa para poder seguir viendo a mis hijas", dice.

Por esas irregularidades, el fiscal Lista fue formalmente denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro. La denuncia está en trámite.

El llamado de Burlando: "Dejá ir a tus hijas y retiramos la causa"

Lo que ocurrió a continuación difícilmente hubiera podido anticiparlo M.C. Recibió un llamado de Fernando Burlando —el conocido abogado mediático que por entonces representaba a la mamá— con una propuesta que él define como una extorsión encubierta: si autorizaba que sus hijas se fueran a vivir a Buenos Aires con su madre, Burlando y su representada desistirían de la querella y de la acción penal contra su padre. "No era una oferta legal. Era un canje: mis hijas por la libertad de mi viejo", resume M.C. Sus abogados dejaron constancia de este episodio en más de una audiencia oral y pública, con anterioridad a los hechos que sobrevinieron.

La sustracción

El miércoles 3 de junio de 2026, el papá fue a buscar a sus hijas al colegio. No estaban. Tampoco el jueves 4, ni el viernes 5. Los establecimientos educativos confirmaron por escrito que E.C. y  O.C no concurrían desde el jueves. La madre, no respondía llamados.

Ese mismo viernes por la noche, el damnificado recibió un mensaje de WhatsApp de una abogada desconocida —distinta de la que lo venía representando a la mamá. en Bariloche— notificándole una nueva prohibición de acercamiento dictada esta vez en San Isidro, provincia de Buenos Aires, a raíz de una denuncia de violencia recién radicada allí.

Martín sabía que sus hijas debían estar en la casa de los padres de V. en un barrio privado de Beccar. Lo confirmaron allegados días después: E.C. y O.C  habían sido inscriptas en un exclusivo colegio de esa localidad desde el lunes 8 de junio. Todo esto ocurrió en flagrante violación de una medida cautelar dictada el 12 de mayo por el Juzgado de Familia N° 7 de Bariloche, que prohibía expresamente la salida de las niñas de la jurisdicción y la modificación de su domicilio, y que había sido notificada a Verónica el 27 de ese mismo mes.

El fiscal de Bariloche abrió una investigación preliminar por los delitos de impedimento de contacto, desobediencia a una orden judicial y sustracción de menores (MPF-BA-03014-2026). A la fecha de esta nota, el paradero oficial de las niñas sigue sin ser confirmado judicialmente.

Correos de una jueza destituida

En el medio de todo esto, Martín también recibió correos electrónicos que describe como hostigadores y de tono agresivo, remitidos por la abogada de V. en la nueva denuncia radicada en San Isidro. La abogada es conocida en el ámbito judicial de Río Negro: fue jueza en General Roca hasta ser destituida por maltrato.

"Solo quiero saber dónde están mis hijas"

M. C. sostiene que todas las instancias que transitó —la defensa de su padre, la medida cautelar que obtuvo para evitar el traslado de las niñas, las denuncias penales— las hizo por las vías legales y en estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales. "Mientras mi padre era sobreseído dos veces y yo cumplía cada manda judicial, ellos construían una nueva causa en otra provincia para consumar lo que no pudieron por la fuerza del derecho", afirma.

Hoy, su único pedido es saber dónde están E.C. y O.C, y que puedan volver a Bariloche, la ciudad donde nacieron, crecieron, van al colegio y tienen a su padre.