Seguridad jurídica en riesgo: una decisión que desordena la vida institucional en Río Negro
No es habitual que un fallo de segunda instancia genere tanta inquietud entre inversores, desarrolladores, profesionales y actores del mercado local. Pero esta vez ocurrió. Y no es casualidad.
Un tribunal que transmite incertidumbre
El Tribunal de Impugnación tomó una decisión que muchos califican como jurídicamente frágil y conceptualmente forzada. Aun una lectura desapasionada del fallo deja ver una estructura argumental poco consistente para un órgano que debería ser sinónimo de rigor, técnica y contención institucional.
Más que una discusión penal, lo que preocupa es la señal que queda flotando:
si una sentencia puede alejarse demasiado del criterio del juicio oral sin una fundamentación plenamente sólida, la seguridad jurídica se resiente.
Y cuando la seguridad jurídica se resiente, los que retroceden no son los nombres propios: retrocede toda la provincia.
Un golpe indirecto al clima de inversión
Río Negro necesita consolidar un ambiente confiable para quienes desarrollan proyectos, generan empleo y arriesgan capital propio. La obra privada no se mueve con discursos: se mueve con previsibilidad.
El caso Di Tullio, independientemente del resultado judicial que pueda tener en instancias superiores, deja en el aire una percepción inquietante: que aun con trayectoria, cumplimiento y transparencia, un empresario puede quedar atrapado en decisiones judiciales que no transmiten estabilidad.
Ese es un problema serio. No para una persona: para todo el sistema.
El contraste que genera ruido
Hay un punto que no puede pasar desapercibido para una ciudadanía que exige coherencia institucional:
en esta causa, mientras se cuestionó y revisó con lupa el accionar de un desarrollador reconocido, poco se indagó sobre el origen y justificación del poder económico del denunciante, un “monotributista” cuyos movimientos financieros y capacidad de adquisición llamaron la atención de más de un observador.
Sin afirmaciones categóricas —porque sería irresponsable hacerlo—, sí corresponde señalar que la vara del escrutinio judicial parece haber sido asimétrica. Eso, en cualquier tribunal, genera ruido.
En un Tribunal de Impugnación, genera preocupación.
El mensaje que se desprende es incómodo:
se analiza con rigor al que produce y trabaja, y se mira de costado a quien exhibe un patrimonio no explicado.
Esa percepción, justa o injusta, mina la confianza social.
Institucionalidad: un activo que hay que cuidar
Un poder judicial fuerte no es el que condena más:
es el que convence más, el que fundamenta mejor, el que ofrece seguridad, no incertidumbre.
Río Negro lleva años intentando posicionarse como un territorio donde se puede invertir, construir y crecer. Un fallo débil, cuestionado y desalineado de los estándares modernos de razonabilidad judicial puede dañar ese esfuerzo más de lo que se cree.
La provincia necesita jueces que entiendan el impacto de cada resolución, que midan no solo el aspecto técnico sino también la señal que emiten hacia el ecosistema económico.
Conclusión: una advertencia institucional
La sentencia contra Gabriel Di Tullio abre un debate mayor que excede nombres y expedientes.
Pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer la calidad de las decisiones judiciales, evitar arbitrariedades y garantizar un trato equitativo entre todos los actores.
La seguridad jurídica no es un lujo: es un recurso estratégico.
Y cuando se erosiona, los primeros en sentirlo son los ciudadanos que producen, trabajan y sostienen la economía real de la provincia.
Río Negro no puede permitir que un tribunal apurado o desprolijo comprometa su futuro institucional
