Cámara falló a favor de INTA y ordenó la restitución de las tierras en El Bolsón

Reserva forestal usurpada al INTA en El Bolsón.
Reserva forestal usurpada al INTA en El Bolsón.

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca falló este jueves a favor de un reclamo del INTA por la usurpación en la reserva forestal de Loma del Medio, en El Bolsón, y ordenó restituirle las tierras ocupadas por alrededor de 200 personas, ordenando “de ser necesario” desalojar el predio de sus ocupantes.

Este fallo contradice el del juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, quien prohibió el desalojo y ordenó a la Municipalidad de El Bolsón y al Gobierno de Río Negro a disponer de alojamiento en un plazo de 15 días para los ocupantes de los terrenos, que habían ingresado en agosto cortando el cerco perimetral.

La restitución y eventual desalojo fueron dispuestos por el camarista Mariano Lozano, quién pronunció el primer voto con todos los antecedentes, la argumentación y el fallo, con la coincidencia plena firmada por su par Richar Fernando Gallego.

El desalojo ordenado deberá “llevarse a cabo con el auxilio de la fuerza de seguridad que se determine en la instancia de origen (Juzgado Federal de Bariloche), entre las que tengan capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”.

Además establece que deben “extremarse los recaudos que entienda necesarios el juez instructor para garantizar la eficacia de la medida y la seguridad e integridad física de las personas que estén en el lugar y deban ser desalojadas (especialmente atendiendo a la presencia de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad).

Este fallo fue favorable a la apelación del INTA a la sentencia de Zapata, a la que suscribieron con argumentación propia el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y el Gobierno de Río Negro.

También pide a los Estados municipal, provincial y nacional atender la problemática de hábitat de los ciudadanos que tomaron esas tierras, aunque advierte en forma tajante que si bien el “Estado (tiene) el deber de garantizar el acceso a una vivienda digna”, esto “no puede servir como excusa para que quienes se consideran acreedores insatisfechos de ese derecho infrinjan normas penales”. (Económicas Bariloche)